Los hechos a los que se refieren las organizaciones no gubernamentales, sucedieron el pasado 16 de noviembre de este año cuando “al menos cuatro chicos que estaban tutelados en residencias de acogida de la Comunidad de Madrid fueron enviados a Marruecos”.

La Coordinadora de Barrios, SOS Racismo Madrid, Colectivo Al Jaima, Asociación Apoyo, Asociación Madres Unidas contra la Droga, Fundación Raíces, Asociación Fanti, Asociación Alucinos, Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Solidaridad y Desarrollo, suscriben el comunicado en el que denuncian malos tratos de la policía y la repatriación indebida.

“Una vez localizados en territorio marroquí estos menores, nos cuentan que la Policía llegó a por ellos al centro a las 6.30 de la mañana. Los cuatro fueron conducidos a comisaría. Uno de ellos mostró mucha resistencia porque no quería volver a Marruecos. La Policía le golpeó en un ojo que rápidamente se puso morado. La Policía volvió al centro y dejó a este chico al no poder reagruparlo en esta situación y cogió a otro menor. Este último fue llevado al aeropuerto con el chándal con el que dormía junto con los otros tres menores. A ninguno se le permitió coger ninguna de sus pertenencias”. Aseguran las organizaciones.

Afirman además, que uno de los menores tiene ya concedido el permiso de residencia, al llevar casi 2 años tutelado por Instituciones españolas, puso la huella y tiene el resguardo para ir a recoger la tarjeta. “Tenía, además, una cita con el médico esa misma mañana, por una lesión en la muñeca que debían revisarle. Tiene 5 hermanos, su familia vive en una chabola sin agua ni luz. Y su padre le propinó una paliza nada más llegar a Marruecos. El menor declara que su padre es muy violento con él y su familia, por graves problemas de alcohol y que habitualmente los maltrata.”

Según han constatado estas organizaciones, ninguna de las familias fue avisada y no estaba al tanto de que sus hijos iban a volver a Marruecos. “La sorpresa de sus familiares fue total cuando se les avisó desde la Comisaría de Tánger, ya que fueron recluidos allí hasta que vino un familiar a buscarles”. Esto ocurrió según relatan con 2 de los chicos, los otros 2 fueron llevados a Casablanca, a pesar de que uno de ellos es de Tánger. Este chico pasó 24 horas detenido en una celda con presos adultos comunes y no recibió comida durante este tiempo. El pidió reiteradas veces llamar a su familia y la policía se negó. Fue traslado a un centro a las afueras de Casablanca. Su familia tardó tres días en localizarlo.

“Todos los menores están desde hace meses o años en talleres de inserción sociolaboral, con posibles ofertas de trabajo y sin ningún problema con la justicia, se les ha reagrupado a unas familias, que nada sabían al respecto. En ningún momento existió la intervención de algún tipo de servicio social en la recepción de estos menores”.

Así mismo las organizaciones tienen conocimiento de que los menores tienen intención de volver a emigrar, “con el riesgo para su vida que esto supone, habida cuenta del arriesgado modo en que la migración se lleva a cabo”.

Continúan relatando que en septiembre de 2005, “ha sido expulsada por considerarla adulta una niña marroquí de 17 años, con pasaporte y libro de familia que señalan claramente su edad, tras serle practicada una prueba de edad, que ningún médico puede considerar fiable, por su carácter obsoleto y su alto margen de error. De hecho, en la primera prueba que se le hizo se dijo que tenía 19 años, y en una segunda 23. También fue llevada desde el centro de acogida, en pijama y así se le expulsó, tras pasar 3 días en una Comisaría”.

A la vista de todos estos hechos, las organizaciones creen que no se ha cumplido ni la legalidad estatal ni internacional de protección de menores, “ni siquiera lo que dispone el artículo 92 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería”. Este artículo exige para la repatriación el derecho a ser oído del menor sobre si quiere o no ser reagrupado, ya que debe primar su interés superior, y que la devolución sea a las familias, sin que haya riesgo para su integridad.

Ante estos hechos y ante el anuncio de las autoridades de convertir en frecuente estas prácticas las ONG exigen “que cese la aplicación casi automática de estas reagrupaciones familiares, hechas sin garantías de ningún tipo y sin tener en cuenta el interés superior del menor, por ser un proceso que viola sus derechos fundamentales, y entre ellos su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al ser repatriados, no pueden recurrir ni administrativa ni judicialmente la decisión”.

Y por tanto, exigen la asistencia de letrados a estos menores durante su estancia en España, con un sistema de protección integral donde se incluya además la integración social. Además las ONG piden a las entidades de guarda de estos chicos y demás personal que influye en su proceso de integración, que ejerciten “la desobediencia civil frente a estas órdenes que vulneran los derechos del menor y su interés” y solicitan a las Fiscalías de Menores de cada Comunidad Autónoma que intervengan en estas situaciones, vigilando que se cumple la legalidad.