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Varios colectivos llevan a la Audiencia Provincial el cierre del CIE Las Raíces |
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Varios colectivos ciudadanos agrupados bajo la Plataforma estatal por la justicia y los derechos de los migrantes y la asociación Queda la palabra presentaron ayer ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un escrito en el que solicitan el cierre del centro de internamiento de extranjeros (CIE) temporal de Las Raíces, unas instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa y que están sirviendo para la acogida de personas que llegan a Canarias por mar sin documentación desde el mes de febrero de 2005. La conclusión principal de estas organizaciones no gubernamentales es que existen "indicios suficientes para pensar que en el CIE Las Raíces no se están respetando los derechos humanos". En el texto de la denuncia, facilitado por miembros de Queda la palabra a este periódico, se exige que se "investigue el asunto por si pudieran existir elementos punibles en la actuación y/o responsabilidad del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife [Carlos González Segura], tomando cuantas medidas estén a su alcance para cerrar el CIE de Las Raíces".
En el documento, los denunciantes estiman que las medidas que se están imponiendo a los migrantes que ingresan en Las Raíces son "excesivas" y las definen como "más propias de una cárcel en un país subdesarrollado". Cabe recordar que esta infraestructura es un antiguo cuartel militar que tuvo que ser acondicionado provisionalmente para albergar inmigrantes con tiendas de campaña, baños químicos o cabinas telefónicas, por citar algunos ejemplos. Debido a la intensificación del fenómeno migratorio a bordo de cayucos durante 2006, Las Raíces ha llegado a tener en sus instalaciones más de 3.000 personas y lleva abierto ininterrumpidamente desde el mes de mayo de ese mismo año.
Condiciones precarias
Los colectivos recuerdan que actualmente los internos en Las Raíces no llegan a los 300 y los centros de toda Canarias apenas albergan a 800 inmigrantes, razón de más para clausurar Las Raíces y redistribuir a estas personas por otros CIE. Datos ofrecidos ayer mismo a este diario por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife reflejan que en las antiguas instalaciones militares hay concretamente 161 subsaharianos. En cualquier caso, en la denuncia se alude a las "precarias condiciones de habitabilidad", las "malas condiciones de vida" y las "privaciones injustificadas de derechos" que sufren los inmigrantes. Incluso, los colectivos incluyen datos del Instituto Nacional de Meteorología para la zona de Las Raíces.
Entre ellos, cabe citar los 13 grados de temperatura de media para los meses de enero a abril o el 75% de humedad relativa media. Así, las asociaciones denunciantes citan la orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y regimen interior de los CIE en la que se estipula que éstos tienen "únicamente finalidad preventiva y cautelar" y que los internos deben tener garantizado "el derecho a la comunicación con el exterior, recibir visitas, disponer de servicios jurídicos, culturales y lúdicos".
Los colectivos que se han dirigido a la Audiencia Provincial ponen en duda incluso la obligatoriedad del internamiento de extranjeros. En este sentido, se basan en un artículo de la Ley de Extranjería para asegurar que "la orden de internamiento no es automática" y que debe estar motivada para "prevenir delitos y perturbaciones de orden público a través de medidas de defensa social antes del delito aplicadas por vía administrativa a sujetos peligrosos o sospechosos. Los denunciantes expresan que "estas circunstancias no parecen concurrir en la mayoría de las personas migrantes internas en los CIE". |
