La mayoría de los 210.052 inmigrantes que llegaron el año pasado a España con un empleo eran rumanos (36%) -que, al igual que los búlgaros, desde el pasado 1 de enero pueden residir pero no trabajar en los demás países de la Unión Europea-, marroquíes (12%) o colombianos (7%), y habían sido contratados para trabajar en la agricultura (37%), especialmente en Huelva (29%). Casi todos llegaron con un permiso de residencia y de trabajo de un año. Y con voluntad de quedarse.

La contratación de trabajadores en el extranjero no ha sido siempre tan abultada. Durante años, los empleadores debían demostrar documentalmente que no había en España posibles aspirantes al puesto de trabajo que pretendían cubrir. De modo que si un empresario barcelonés necesitaba un peluquero y había uno inscrito en las listas de paro de Cádiz, al otro extremo de la Península, era prácticamente imposible que obtuviese permiso para contratar a un extranjero, aunque el gaditano no tuviera la menor intención de trasladarse a Barcelona. Ese bloqueo administrativo se tradujo en un importante crecimiento de las contrataciones ilegales y, consecuentemente, de la economía sumergida.

El instrumento que rompió esa situación se llama Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, y fue introducido por los socialistas en el Reglamento que desarrolló la Ley de Extranjería en el verano de 2005, justo después del proceso de normalización que permitió regularizar a 600.000 extranjeros que trabajaban en España de manera ilegal.

Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo (antiguo INEM) elabora en cada provincia, de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. De acuerdo con esa relación, en Almería hacen falta pastores; en Zaragoza, cerrajeros; en Las Palmas, cocineros de barco; en Barcelona, lavacoches; en Madrid, taxistas...

El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España. El primero es el denominado régimen general. A través del mismo, pueden contratar a personas concretas, con nombres y apellidos. El segundo mecanismo es el contingente, que permite solicitar cupos de trabajadores anónimos para sectores de actividad determinados.

La Administración proporciona a todos los extranjeros contratados a través del régimen general un permiso de residencia y trabajo de un año en una provincia y en un sector de actividad concretos. Durante ese tiempo no pueden trabajar en un sector o en una provincia distinta de los que especifica su contrato. Sin embargo, cuando el primer año expira, tienen la posibilidad de prorrogar sus permisos de estancia y de trabajo, para todo el ámbito nacional y en cualquier sector de actividad, siempre que consigan otro empleo legal. Fuentes de la Administración afirman que la mayoría lo logra y evita tener que volver a su país.

A través del contingente, los empresarios pueden hacer dos tipos de contratos: estables (de un año de duración, similares a los del régimen general) o temporales (de seis meses, la mayoría para trabajos agrícolas). En este último caso, los empleadores suelen desplazarse a los países de origen para seleccionar al personal.

Grandes empresas, como VIPS o El Corte Inglés, y cooperativas agrarias, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se nutren en ese mercado exterior, que la Administración fomenta como un instrumento poderoso para reducir la inmigración clandestina: cuanto menos empleo irregular haya, más se reducirán las expectativas de los sin papeles y la inmigración irregular disminuirá.

Ése es el razonamiento de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien recuerda, para entender el alcance de las cifras, que se trata de cientos de miles de ocupaciones que no encuentran demandantes en el mercado español. "De este modo", señala, "con su trabajo y con sus impuestos, los trabajadores extranjeros se convierten en contribuyentes activos al sostenimiento del Estado del bienestar y a la financiación de los servicios públicos".