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Esta resolución abre la posibilidad que sea juzgado en el proceso por la denominado Operación Colombo en el que su policía secreta hizo desaparecer 119 opositores en 1975
En fallo dividido, el máximo tribunal ratificó de esta manera una anterior decisión de la Corte de Apelaciones. Así, el ex dictador enfrentaría un proceso dispuesto por el juez Víctor Montiglio para establecer sus implicancias en el encubrimiento y desaparición de más de una docena de 119 guerrilleros del izquierdista MIR, en el caso denominado Operación Colombo.
La decisión de la Corte fue aprobada por 10 votos en favor y 6 en contra, dijo su presidente en funciones, José Benquis.
Las víctimas de la "Operación Colombo", cuya investigación dirigió en una primera etapa el juez Juan Guzmán Tapia, integran las listas de más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura militar entre 1973 y 1990.
Guzmán Tapia, que mantuvo bajo arresto a Pinochet en dos oportunidades por otros procesos que las cortes archivaron sin sanciones, se retiró del Poder Judicial en abril pasado, pero sus investigaciones quedaron en manos del magistrado Víctor Montiglio, que ahora podrá interrogar al ex dictador. Pinochet fue juzgado el 2001 por Guzmán en otra causa, por la denominada Caravana de la Muerte. En este juicio se le responsabilizó por la ejecución y desaparecimiento de 75 prisioneros políticos en 1973. En esta causa fue sobreseído por demencia vascular. También fue desaforado y juzgado en otro proceso conocido como Operación Cóndor, el plan conjunto de las dictaduras del cono sur en la década del 70, para reprimir a opositores. En este caso Pinochet fue sometido a proceso por un homicidio y 9 secuestros, pero un juez lo sobreseyó. Esta decisión fue apelada a la Corte Suprema, que no resuelve aún. También ese tribunal debe resolver otra petición de desafuero por presunta corrupción en la investigación por el manejo en el exterior de millonarias cuentas secretas del ex gobernante. Pinochet operó, según la investigación judicial, 28 millones de dólares y se le acusa de cometer fraude tributario, delito que también alcanzó a su esposa, Lucía Hiriart, y a su hijo Marco Antonio, procesados ambos como cómplices.
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