La posible situación administrativa irregular de la víctima en España se abordará una vez realizadas las medidas de protección previstas en la Ley contra la Violencia de Género
El Ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer en el Pleno del Senado las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar a las mujeres víctimas de malos tratos que se encuentran en situación irregular en España, la asistencia y protección que se deriva de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Alonso explicó que se priorizará la garantía de los derechos reconocidos por dicha Ley a todas las mujeres víctimas de este tipo de violencia, independientemente de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en que se encuentren. En ese sentido, el Gobierno ha dispuesto una Instrucción para recordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que su obligación prioritaria e inmediata es prestar la asistencia y protección adecuadas a la víctima e informarle claramente de sus derechos, incluido el de solicitar a la Autoridad Judicial la adopción de las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 1/2004, así como el permiso de residencia temporal de carácter excepcional previsto en el Reglamento de Extranjería una vez obtenida la medida de protección. El Ministro puntualizó que una vez realizadas estas actuaciones y remitir al órgano judicial el atestado instruido como consecuencia de los malos tratos, se abordará la problemática relativa a su posible situación administrativa irregular. El objetivo que se persigue es armonizar la protección del interés prioritario e inmediato de la mujer víctima de malos tratos con el necesario respeto a la legislación de extranjería, y conseguir que el artículo 17 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género “sea una realidad en nuestro país y que presida e inspire la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Estas medidas tomadas por el Ministerio de Interior y que es una novedad dentro del Reglamento de Extranjería de diciembre de 2004, ayudarán la situación de las mujeres inmigrantes, ya de por si compleja, sobre todo por el temor a que su denuncia ponga al descubierto su situación administrativa y que ello conlleve la expulsión del país. La norma responde asimismo a las inquietudes generadas en el Defensor del Pueblo, el Observatorio contra la Violencia de Género y en diversas asociaciones y colectivos de inmigrantes. José Antonio Alonso ha subrayado, por último, que sólo en el caso de que, o bien la autoridad judicial no dicte una orden de protección o bien no le sea concedida la residencia temporal excepcional a la denunciante, el expediente sancionador podrá concluir con una propuesta de expulsión. |
