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Comisiones Obreras exige al Gobierno que depure las responsabilidades a que hubiera lugar en relación con la violación de derechos y el mal trato a personas que se hayan podido producir dentro de nuestras fronteras. CC.OO. exige al Gobierno de nuestro país, la Unión Europea y la Comunidad Internacional, intervengan ante el gobierno de Marruecos para garantizar los derechos humanos y el trato humanitario a los miles de subsaharianos que legítimamente pretenden inmigrar hacia un mundo mejor, huyendo del hambre, la miseria y la desesperación. El mundo desarrollado tiene que abandonar el egoísmo y dedicar medios y recursos para el desarrollo de África. No es posible pensar que las personas renuncien a buscar un modo y condiciones de vida mejor, si en sus países y lugares de origen pierden toda esperanza. No es posible pensar que las gentes no intenten emigrar, aún a riesgo de perder la vida, en esa legitima aspiración de salir de la miseria, por eso la solución está en hacer que la vida de estos países sea minimamente digna y esto sólo será posible con la atención y el esfuerzo del mundo desarrollado, dedicando medios y recursos que permitan el desarrollo de estos lugares del mundo. En nuestro país se ha diseñado una nueva política de migración basada en la regulación y ordenación legal de los flujos migratorios, teniendo en cuenta la capacidad de acogida determinada por las necesidades el mercado de trabajo. CC.OO. compartimos básicamente esta nueva política y por ello la apoyamos y hemos respaldado el proceso extraordinario de Regularización sostenido en el contrato de trabajo. Proceso que ha culminado con resultados muy positivos. Exigimos al Gobierno que fortalezca las vías legales de entrada que contempla el Reglamento con la contratación en origen mediante los contingentes, el régimen general y los reagrupamientos familiares, así como, el refuerzo de los procedimientos e instrumentos de control de fronteras como la solicitud de visados, etc., para evitar que se conformen nuevas bolsas de inmigrantes en situación irregular. Seguimos pidiendo firmeza en la persecución del empleo irregular penalizando a los empresarios que la realizan, que sólo buscan obtener beneficios ilícitos aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes irregulares. CC.OO defendemos el trabajo con derechos y a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes solo se les puede garantizar esos derechos con su entrada legal y la contratación en origen, como se plantea en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, porque la irregularidad sólo conduce al trabajo irregular, a la economía sumergida, exponiendo a los inmigrantes a la sobreexplotación, a los abusos de todo tipo y a una situación de extrema vulnerabilidad. En CC.OO. no sólo no deseamos esto para ninguna persona sino que la combatimos con toda convinción y por esto defendemos la regulación y ordenación legal de los flujos migratorios, de tal suerte que los trabajadores y trabajadoras inmigrantes tengan iguales derechos e igualdad de trato. Creemos que el Gobierno de nuestro país debe promover convenios y acuerdos bilaterales con los países africanos, que permita la contratación de trabajadores a través de las figuras establecidas en el Reglamento (contingente, régimen general, visado de búsqueda de empleo, etc.) y no sólo para la repatriación de inmigrantes en situación de irregularidad. Esta también sería una forma de ayudar a estos países de ese Continente que sangra como es África. Exigimos al Gobierno depure las responsabilidades a que hubiera lugar en relación con la violación de derechos y el mal trato a personas que se hayan podido producir dentro de nuestras fronteras. Finalmente hacemos una llamamiento a los partidos políticos para que dejen de utilizar la migración como objetivo de confrontación política partidaria y saquen este tema de la batalla electoralista, que no hace sino perjudicar cualquier política de migración y alentar la polémica y los sentimientos de rechazo y xenofobia contra los inmigrantes con el consiguiente riesgo para la convivencia ciudadana y democrática de nuestro país. |